Propuestas concretas planteadas por Andimac y Cepco a CEOE el pasado 12 de noviembre y remitidas a los grupos parlamentarios.

Dado que la situación más grave de las empresas es la de falta de liquidez, añadida en nuestro sector a la crisis de la construcción, está produciéndose el estrangulamiento literal de las empresas. En consecuencia, y de forma especial para el sector de la construcción, se propone vincular la compra de activos bancarios por parte del Gobierno, con el hecho de que los Bancos abonen todo tipo de efecto cambiario librado por empresas constructoras hacia suministradores y subcontratistas, si el librador no está en situación concursal. Es la única forma en la que parte de los fondos que el Gobierno inyecte a la Banca llegue a las empresas.

CEOE debe abrir un proceso urgente de establecimiento de un marco de relaciones contractuales entre empresas que, en estricto cumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia, permita que los sectores sobrevivan en cadena. Se debe establecer un escenario para la crisis actual y otro escenario, a medio o largo plazo, al que llegar progresiva y atenuadamente a lo largo de una serie de años. Como se dijo en la última Junta Directiva de CEOE: ya no es una situación de empresa grande o de empresa pequeña, es de supervivencia de sectores completos. En consecuencia, hay que requerir a las Administraciones Públicas para que paguen lo que deben, y conseguir internamente en CEOE, que unas empresas compartan su liquidez con otras, pagándoles en plazos mejores y asegurando el descuento de papel cambiario.

Dada la posible situación de colapso hipotecario, se debe seguir el modelo USA en cuanto a moratoria de 5 años a quienes no puedan hacer frente a sus hipotecas, con el pago de un alquiler a precio de mercado, para, al cabo de esos cinco años, ofrecer la posibilidad de reactivar la hipoteca o ejecutarla plenamente por parte del Banco.

Para reactivar el sector construcción, fomentar cualquier tipo de medida de reforma de vivienda para alcanzar mayor eficiencia energética, en primer lugar, y cualquier otro tipo de reforma que dependa de la iniciativa individual. Vincular los planes integrales de rehabilitación a una determinada “edad” de los edificios, para convertir las rehabilitaciones en obligatorias.