La Comisión Europea ha realizado una comunicación de la UE en materia de medidas que quiere impulsar a corto y medio plazo para fomentar la actividad en el sector de la construcción y sus empresas. La importancia del documento reside, además de que pretende estimular la actividad, determina un nuevo modelo de construcción y rehabilitación basado en criterios de sostenibilidad, un patrón al que el modelo de negocio de distribución de materiales deberá adaptarse para responder y atender a nuevos nichos de mercado.

Ver documento aquí: COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO. Estrategia para una competitividad sostenible del sector de la construcción y de sus empresas

Como resumen del documento que pueden consultar en el enlace anterior, destaca la apuesta por la calidad de las obras de construcción como impulsor de la calidad de vida de los europeos. No menos importante, el rendimiento energético de los edificios y la eficacia de recursos en la producción, el transporte y el uso de los productos para la construcción de edificios e infraestructuras tienen un impacto importante en la energía, el cambio climático y el medio ambiente.

La competitividad de las empresas de construcción es, por lo tanto, un aspecto esencial, no solo para el crecimiento y el empleo en general, sino también para asegurar la sostenibilidad del sector.

Debe hacerse especial hincapié en fomentar la renovación de edificios y el mantenimiento de infraestructuras, que representan una parte importante del empleo y la producción total del sector de la construcción. En particular, las actuales tasas de renovación de edificios y las prácticas por lo que se refiere a la mejora de la eficiencia energética son insuficientes para alcanzar los objetivos de ahorro de energía de la UE para 2020. La asunción de los objetivos propuestos, a saber la renovación anual del 3 % de los edificios de las administraciones centrales (una duplicación de la actual tasa de renovación), así como del 2 % de todo el parque inmobiliario no solo contribuirá a lograr los objetivos sino también a asegurar el crecimiento económico y el empleo a nivel local en el conjunto de la UE. Sin embargo, la aceptación de estas mejoras pasa por superar una serie de obstáculos reglamentarios, económicos y financieros.

En primer lugar, los Estados miembros deben aplicar y hacer cumplir correctamente la Directiva sobre la eficiencia energética de los edificios. En algunos Estados miembros, el bajo nivel de ambición y el incumplimiento de los códigos energéticos en los edificios van en detrimento de la eficiencia energética e impiden estimular el sector de la construcción.

Los incentivos fiscales y las medidas de apoyo financiero gozan de buena aceptación por parte de los operadores del mercado y favorecen la renovación de los edificios existentes (Por ejemplo, los tipos reducidos de IVA, los tipos de interés preferenciales, los impuestos sobre el CO2, y la energía, las subvenciones específicas, etc..). Sin embargo, los sistemas nacionales y su impacto difieren notablemente unos de otros. Por lo tanto, un intercambio de experiencias podría resultar muy útil para comprender los efectos potenciales desde diversos ángulos, así como los riesgos de una aplicación defectuosa y las consecuencias no deseadas. Sería conveniente asimismo buscar las complementariedades entre estos sistemas nacionales, por una parte, y los fondos e instrumentos financieros tanto privados como de la UE, por otra, a fin de optimizar su efecto multiplicador.

La UE ofrece apoyo y financiación a través de diferentes mecanismos y los Estados miembros deberían hacer un mayor uso de ellos. Los Fondos Estructurales y de Cohesión (2007-2013) pueden utilizarse para inversiones en eficiencia energética y energías renovables, no solo en edificios públicos y comerciales, sino también en las viviendas existentes. Además, instrumentos de ingeniería financiera como JESSICA ofrecen la posibilidad de invertir en pequeños proyectos relacionados con el desarrollo urbano y la renovación, cuya financiación no sería posible a través de los mecanismos normales del mercado. Los fondos de capital de riesgo y las garantías de préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Europeo de Construcción y Desarrollo y el Fondo Europeo de Eficiencia Energética (FEEE), junto con las ayudas al desarrollo de proyectos para los beneficiarios finales, como ELENA, también permiten optimizar las ayudas públicas.

Una iniciativa que podría estimular las inversiones destinadas a la renovación con una utilización eficiente de los recursos es el desarrollo de servicios de diseño-construcción ejecución para los pequeños proyectos de renovación con garantías contractuales en cuanto al rendimiento de los edificios. Este segmento del mercado es cada vez más interesante para las empresas de servicios energéticos (ESE) y para los pequeños empresarios especializados, que podrían ofrecer también garantías de buena ejecución para una serie de servicios de construcción. El desarrollo de dichos servicios podría apoyarse con intervención pública, en particular en el ámbito de los contratos públicos y en el sector residencial, junto con el desarrollo de productos de seguro que podrían cubrir los riesgos técnicos relacionados con las garantías de buena ejecución. En particular, las autoridades públicas deberían garantizar la incorporación de una gestión activa de la energía y de sistemas de medición inteligentes en las actividades de renovación.

Por último, es importante que las constructoras puedan acceder a sus propios recursos financieros en un plazo de tiempo razonable. La nueva Directiva sobre morosidad introduce disposiciones más estrictas, en particular la armonización de los plazos de pago por parte de las administraciones públicas a las empresas, el aumento del tipo de interés legal por demora y la posibilidad de que las empresas obtengan el reembolso de los gastos de cobro. En el contexto de la revisión de las Directivas de la UE sobre contratación pública, la Comisión propone que los Estados miembros permitan a los subcontratistas solicitar a la autoridad contratante el pago directo de los suministros, las obras y los servicios prestados al contratista principal en el contexto de la ejecución del contrato.