El Senado ha aprobado una importante modificación en la Ley de Contratos del Sector Público mediante la supresión del apartado que permitía la posibilidad de imponer plazos de pago superiores a los dos meses, y que constituía la fisura legal por la que la morosidad en el sector de la construcción se disparaba partiendo del modelo público al privado. Esta era una petición largamente reivindicada por Andimac y por la PMcM, Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, en la que Andimac participa.
Por tanto, las grandes constructoras adjudicatarias de obra pública deberán pagar a sus subcontratistas y proveedores en un plazo máximo de 60 días, tal y como marca la ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales entre empresas, y esperamos que sea el primer paso práctico hacia el cumplimiento de la Ley en España.
El siguiente paso es que realmente se cumpla la condicionalidad por parte del Estado a las CCAA para su financiación, condicionalidad ligada a que satisfagan sus pagos a proveedores conforme la Ley a partir de septiembre. El último, una vez la administración se encuentre legitimada para exigir al sector privado un comportamiento financiero ligado a la legalidad, que apruebe un reglamento sancionador en materia de morosidad.
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